La subida del
IVA y los últimos recortes decretados por el Gobierno de la Nación han
provocado un notable agudizamiento de la indignación de la ciudadanía en
general y del funcionariado en particular. Mención especial merece lo que
respecta a la prestación por desempleo y la supresión de la extra de Navidad para los empleados
públicos con una nómina superior a 962 euros (unos 15.000 del total de
2.700.000). Se trata de dos medidas ciertamente graves. La primera, sobre todo,
porque hará insostenible la dramática situación de precariedad que viven miles y
miles de familias. La otra, porque supone un duro revés para otros muchas que
en su economía doméstica cuentan con esa paga para tapar algún agujero al final de año, comprar los esperados regalos
propios de las fechas o, sencillamente, disfrutar de las fiestas con algo más
de dinero para gastar. Y no vamos a discutir aquí ahora la urgente necesidad de
recaudar más dinero para las arcas públicas. Pero si se pueden poner en
entredicho las formas. Dejando apartarte la incógnita de cómo todo esto va a
repercutir en el crecimiento económico,
y perversas decisiones como la llamada “amnistía fiscal” para un buen
número de individuos que (cometiendo delito) han acaudalado parte de la riqueza
de nuestro país, o el gesto de cara a la
galería que ha tenido el Rey al solicitar el descuento de un 7% los
ingresos mensuales que la Constitución atribuye a la Corona (cabe recordar aquí
que la Familia Real cuenta con uno de las mayores fortunas de España), lo sensato,
por lo menos, sería haber aplicado un criterio de proporcionalidad y así, por
ejemplo, exigir el sacrificio por tramos
o gradualmente, distinguiendo entre las personas que no cobran nada, las que
cobran en torno a 1000 euros al mes y las que superan los 2000 ó 2500. Lo peor
es que mientras las mencionadas polémicas actuaciones se aprueban
autoritariamente en el Congreso, los Diputados, Senadores, Consejeros
regionales, Alcaldes y concejales, personal de las Diputaciones, etc. continúan
cobrando unas dietas por sus tareas cotidianas ciertamente abultadas (y disfrutando
de privilegios como medios de transporte oficiales, teléfonos móviles gratuitos,
billetes en primera clase), se sigue
contratando a dedo a infinidad de
asesores que ganan más que sus superiores, se mantienen las costosas
duplicidades en la Administración, y la exigencia de responsabilidades a todos
aquellos cargos que nos han llevado al atroz endeudamiento que padecemos brilla
por su ausencia. Así, no se puede salir a la palestra a pedir nuevos esfuerzos
a la población. Menos bajo la amenaza de que las cosas, si no, se pondrán peor,
y sin realizar una esperada labor pedagógica explicando los porqués, las causas
reales del desbarajuste, las verdaderas claves para su solución y lo crucial
que resulta en este momento que nos pongamos a tirar, con lo mejor de nosotros,
todos juntos del carro.
